En América Latina, pocos procesos de desarrollo combinan tan claramente teoría y práctica como el caso brasileño. La visión planteada por Fernando Henrique Cardoso en los años previos a su presidencia —y consolidada durante su gestión con el Plano Real— se transformó en la base conceptual que permitió a Brasil construir, durante las últimas dos décadas, una economía industrial más robusta, un mercado interno dinámico y un ciclo sostenido de inversión en infraestructura.
Su premisa era sencilla pero revolucionaria para la región: “Sin orden macroeconómico y sin seguridad jurídica, no existe posibilidad de desarrollo industrial”.
Cardoso entendió que el primer gran obstáculo del desarrollo latinoamericano no era la falta de recursos naturales ni de capacidad empresarial, sino el efecto destructivo que la inflación crónica y la inestabilidad institucional tenían sobre el sistema financiero. Cuando el dinero pierde su función como reserva de valor, las familias no ahorran en los bancos, el crédito se colapsa y el país queda atrapado en actividades de baja complejidad.
La estabilización lograda con el Plano Real a partir de 1994 rompió ese círculo vicioso.
Por primera vez en décadas, Brasil logró:
- Reducir la inflación de tres dígitos a niveles manejables,
- Reconstruir la confianza en la moneda,
- Profundizar su sistema financiero, y
- Crear un marco institucional más previsible para inversores locales y extranjeros.
Este cambio fue decisivo. Con un sistema financiero creíble, Brasil comenzó a generar los dos elementos que siempre le habían faltado para industrializarse: crédito de largo plazo y planificación. La estabilidad permitió que surgieran y se consolidaran instituciones como el BNDES, que se transformó en un motor central para financiar maquinaria, energía, infraestructura logística, cadenas industriales y procesos de modernización tecnológica.
La visión de Cardoso no se limitó al orden macroeconómico: también puso énfasis en la seguridad jurídica, condición indispensable para atraer inversión en sectores estratégicos. El fortalecimiento de contratos, el respeto a las reglas y la creación de marcos regulatorios más estables fueron claves para que Brasil recibiera una década larga de inversiones en petróleo y gas, minería, energía eléctrica, autopistas, puertos, telecomunicaciones y manufacturas de media y alta tecnología.
El efecto fue notorio: Brasil se convirtió en la economía latinoamericana capaz de escalar en complejidad industrial, con un entramado productivo más diversificado, proveedores sofisticados y polos regionales de desarrollo como São Paulo, Minas Gerais, Río Grande do Sul y Santa Catarina.
Los últimos veinte años de Brasil son, en gran medida, la demostración empírica de la tesis de Cardoso: cuando un país reconstruye su moneda, ordena sus cuentas y garantiza seguridad jurídica, el sistema financiero puede cumplir su función y la industria encuentra el combustible que necesita para crecer.
No es casualidad que, durante este período, Brasil haya multiplicado su inversión en infraestructura, ampliado su parque industrial y sostenido la creación de capacidades tecnológicas que hoy lo colocan entre los líderes de la región.
El desarrollo no surge de un decreto ni de una política aislada. Requiere un ecosistema que combine estabilidad, crédito, reglas previsibles e instituciones confiables. Brasil lo entendió y lo aplicó. Y la experiencia confirma una lección fundamental para cualquier país que aspire a dar un salto de complejidad: sin orden macroeconómico y sin seguridad jurídica, no hay industria posible; pero cuando ambas condiciones se cumplen, la capacidad de desarrollo se multiplica.